El cierre de la cadena valenciana, Canal 9, despierta a la sociedad creando una revelación contra el Gobierno Político de la Comunidad.
La sociedad valenciana se revela tras el
anuncio del cierre de Radio Televisión Valenciana. Durante 24 años, la cadena
ha informado a todos los valencianos de noticias cercanas y en valenciano. No
obstante, RTVV se convirtió en una cadena manipulada por la influencia política
del Partido Popular en los últimos 18 años. Así mismo, el interés de los
ciudadanos por los informativos era escaso. A pesar de todo, el hecho de cerrar
un medio de comunicación público, hizo despertar la sociedad y darse cuenta del
Gobierno que les está manejando.
La
Generalitat Valenciana manifestó el 5 de noviembre de 2013 que la decisión del
ERO, Expediente de Regulación de Ocupación, aplicado por la Dirección General
de RTVV en enero de 2012, formaba parte de una restructuración del Sector
Público Empresarial. Su finalidad era conseguir una administración más ligera y
sostenible. Según el Consejo, la deuda acumulada superaba los mil millones de
euros, y los costes indirectos de la decisión de cerrar la cadena, dejó en
evidencia que RTVV era deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en
ese momento.
El
Gobierno valenciano anunció su cierre el 27 de
noviembre, alegando no poder asumir la readmisión de más de mil empleados
despedidos en el ERO ilegal. Esta ley fue aprobada con la mayoría absoluta del
Partido Popular. El Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, afirmó que no
se cerraría ningún colegio ni hospital por mantener la televisión. “Es una
decisión muy difícil porque al final, estas decisiones afectan a personas”,
manifestó Fabra.
La
Policía Nacional y los liquidadores nombrados por el Consejo de la Generalitat,
entraron en la madrugada del 29 de noviembre, en el Centro de RTVV para
desconectar la conexión. La Televisión fue cerrada a las 12:19 del mediodía y
la Radio se cerró a las 23:30 del día anterior.
El
presentador de informativos 24 horas en RTVV, Frederic Ferri, argumentó que
hay directores generales de la cadena que están acusados de prevaricación y de
hacer todo el desastre en los entes públicos de la Generalitat a través de
Canal 9. “Se han hecho ampliaciones de préstamos para pagar determinadas cosas
presuntamente delictivas”, argumentó Ferri. Una de las muestras fue la visita
de la Policía Judicial a la cadena para llevarse ordenadores con
documentaciones y archivos dentro, puesto que disponían de pruebas de presuntos
delitos. Esto, como comunica Ferri, “un presidente digno, lo ha de aclarar y no
debe silenciar más las responsabilidades de las que, por desgracia, yo también
he sido testimonio muchas veces”.
Según
el presentador, la sociedad valenciana se ha dado cuenta que los trabajadores
no son los culpables puesto que los responsables son los gestores del PP que
ofrecieron oposiciones en las que podía acceder cualquier persona sin cumplir
los requisitos. “Los gestos del PP han ido colocando a aquellas personas que
han querido para pagar favores políticos y que llenaran mítines del partido”,
confirmó el mismo. De este modo, la plantilla de la cadena se multiplicó en los
últimos cinco años.
El
PP ha manipulado y silenciado aquello que no le interesaba mediante RTVV
durante los últimos 18 años. Llegados a este momento, Canal 9 es
una herramienta con contenidos, datos y contratos de presuntas irregularidades
de los gestores nombrados y puestos por el PP. Por tanto, la mejor manera
de silenciar todo eso, es “pasándole el cerrojo”, según Ferri.
La
exdirectora general de la cadena, Rosa Vidal, afirmó que después de diluir los
1400 millones de euros en el déficit de la Generalitat, y con la nueva entidad, Radio TelevisiónValenciana SAU,
la cadena iba a tener beneficios en el ejercicio, gracias a la redimensión
de la empresa.
Toni
Serra, colaborador en la revista valenciana Sons de Xaloc, opina
que las cadenas de ámbito estatal, deberían pactar unos contenidos mínimos en
valenciano por respeto al lugar que dispone de lengua propia, en el que están
emitiendo sus informativos. Serra reconoció que
Canal 9 vivía una situación de control por parte de una clase política
autoritaria y autárquica que ha hecho mucho daño a RTVV a la hora de informar.
“Esa forma de informar es la que indignaba a los espectadores”, argumentó el
valenciano.
Los orígenes
RTVV se creó en 1989 mediante una Ley de Creación
aprobada en el consenso absoluto de todos los partidos políticos. Esta ley
impulsaba una televisión pública, en valenciano y de cualidad. No
obstante, según Ferri, la ley fue cambiada años más tarde por otra con los
votos únicos del Partido Popular. Los grupos de la oposición votaron en contra
puesto que permitía que se privatizara toda la programación de modo que todos
los programas podían pasar a manos de productoras privadas quedando en manos de
la Generalitat Valenciana.
Se creó un Estatuto de Redacción con tres niveles. En
el primer nivel se situaban los trabajadores que se plantaron ante la situación
y fueron despedidos. En el segundo nivel se situaban los que demostraron
determinada resistencia y mostraron actitudes de protesta. Estos fueron
trasladados a otras secciones como el informativo de la segunda cadena de Canal
9, con un 2% de audiencia. Entre ellos, se situaba el presentador Ferri.
El último nivel, ocultó la información por comodidad,
ignorancia y resignación. Muchos se interesaban sólo por cobrar la nómina sin
preocuparles si el trabajo estaba bien o mal. Otros no iban a trabajar y
cobraban igual, llevándose presuntamente comisiones. No obstante, según Ferri,
la Redacción ahora está unida, puesto que la sociedad valenciana “ha abierto
los ojos”.
Los costes del cierre
Apagar
el ente público tendrá un coste directo de 130 millones de euros. En ellos se
incluye, 88 millones de indemnizaciones a los trabajadores, 15 millones de
contratos firmados hasta el año 2020 para series, películas, derechos de
deporte o publicidad, que aunque no se van a emitir, se van a pagar. También se
incluye el contrato de alquiler del centro de producción de Alicante hasta el
año 2035 a razón de 276.000 euros anuales. Los costes indirectos son más
difíciles de cuantificar, pero suponen la pérdida de 4.600 lugares de trabajo
en el audiovisual valenciano además de la sesión del mercado publicitario que
perdería RTVV a otros medios de comunicación. Los 1600
trabajadores y todos los sectores afectados, se añadirán en los más de medio
millón de parados dentro de la Comunidad Valenciana.
El Coste de readmitir a los 1000 trabajadores
despedidos por el ERO, como indica la sentencia del Tribunal Supremo de
Justicia de la Comunidad Valenciana, supondría que la Generalitat debería pagar
72 millones de euros en nóminas. La sentencia representaría un gasto de 228
millones de euros hasta el año 2015. Esta cifra equivaldría a la construcción
de 57 colegios y 60 centros de salud.
A pesar de todo, Ferri garantiza que se luchará para
volver a abrir RTVV puesto que ha sido cerrada por
un partido político. Manifestó que si la cadena hubiese sido cerrada por un
consenso de todas las fuerzas políticas junto con la sociedad valenciana, igual
que cuando se creó, tendrían su respeto. “Cerrar la única televisión que nos
habla en nuestra lengua, es silenciar la voz del pueblo, y eso no lo puede
permitir un presidente de la Generalitat”, afirmó el periodista.
Frederic Ferri: “Yo siempre estaré luchando por una
televisión que sea de los valencianos y no de ningún político”.
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